La Directiva 2011/24/UE debe aplicarse a aquellos pacientes que decidan solicitar asistencia sanitaria en un Estado miembro que no sea el Estado miembro de afiliación, siempre y cuando la estancia de una persona en territorio de un Estado miembro sea conforme a la legislación de dicho Estado miembro relativa al derecho de entrada o de estancia en su territorio, en caso contrario dicha persona no será considerada asegurado según la definición de la Directiva.

Los Estados miembros garantizarán que los prestadores de asistencia sanitaria de su territorio apliquen a los pacientes de otros Estados miembros el mismo baremo de tarifas que aplican a los pacientes nacionales en situaciones médicas comparables, o cobren un precio calculado con criterios objetivos y no discriminatorios, si no existe precio comparable para los pacientes nacionales. El presente apartado se entenderá sin perjuicio de la legislación nacional que permita a los prestadores de asistencia sanitaria fijar sus propios precios, siempre que no discriminen a los pacientes de otros Estados miembros.

Los sistemas de GSBP convierten al asegurador público en agentes que modulan la eficiencia del propio modelo de aseguramiento. Estos modelos convierten los sistemas de gestión basados en la cuantificación de la actividad clínica producida en los centros sanitarios y en consecuencia la gestión de los sistemas de información de las personas enfermas, en modelos de gestión de la población titular del derecho.

Lo importante, entonces, no es tan solo cuantificar las poblaciones con morbilidad sino también identificar las poblaciones de personas sanas para potenciar en ellas campañas de promoción de la salud y hábitos saludables y para una correcta planificación de los recursos públicos, además de disponer de información sobre los pacientes con doble aseguramiento que no frecuentan el sistema público.

Los sistemas de GSBP requieren monitorizar el acceso del paciente al servicio sanitario desde la emisión del documento que acredita su derecho hasta su utilización en el punto de atención o de prestación medico/sanitaria (o su no utilización).

El 12 de octubre, el señor Carlos Slim Helú declaraba “Más que una crisis de Europa, vivimos un cambio de civilización”. Llamativo o no, lo cierto es que quien lo pronuncia es uno de los hombres más influyentes del mundo.

Europa occidental en los años 50 izó la bandera del Estado del Bienestar, es decir, oferta de servicios públicos básicos, sanidad y educación, además de subsidios y pensiones de jubilación. La solidaridad que ofrece esta idea no tiene nada de objetable, si bien cada país de la OCDE ha hecho diferentes interpretaciones utilizando caminos diversos para alcanzar el mismo objetivo con costes muy distintos.

En esa civilización renovada el Estado garantiza que nadie, con derecho, este sin atención sanitaria o educación por motivos económicos, financiando los servicios que proveedores privados presten al ciudadano en base a su capacidad económica.

Entre el día 23 de Julio de 2011 y el 8 de Marzo de 2012, el Gobierno de las Islas Baleares confió la dirección de IB-Salut a Juan José Bestard Perelló, mientras ostentaba la dirección del Departamento de Sanidad Doña Carmen Castro Gandasegui.

Este blog facilita a su lector el acceso a la dirección http mediante la cual la Consejería de Sanidad, Familia y Bienestar Social expone públicamente “El Plan Ib-Salut. Promoción de la Salud “, con el fin, sin duda, de que este bien de titularidad pública y de interés general sea de fácil acceso para el ciudadano.

La debilidad del modelo sanitario ha enfrentado al Sistema Nacional de Salud con uno de los factores que mas le ha influido desde su configuración en 1986, la acción de los políticos. Las acciones de los Gobiernos en materia sanitaria de los últimos 30 años no se han basado en políticas sanitarias. Recuperar los valores que sustentan nuestro sistema de convivencia social, es tal vez, una de las claves. La separación de funciones mas allá de las funciones meramente estatales, sino aplicando el sabio pensamiento colectivo de que no se puede ser juez y parte a toda cuanta actividad tenga acceso el hombre y sus organizaciones, tiene mucho que ver con nuestros valores esenciales.

Las Administraciones públicas, al servicio de los Gobiernos para ejecutar sus políticas, deben imponer la independencia de sus actuaciones mediante la aplicación de la Ley, los mecanismos de selección y acceso a la función pública y mediante la aplicando los mecanismos legales que conlleven las garantías necesarias de legalidad e imparcialidad. Todo ello aboca en transparencia e imparcialidad a la hora de la toma de decisiones, despolitizando la acción de la Administración y llevando lo político al nivel donde debe estar, es decir, a la confección y cumplimiento de los programas electorales y a las Cámaras legislativas que es donde lo político converge con lo social.

La peor noticia que una persona puede recibir de alguien de quien espera una solución es que le diga que no la tiene. En muchas ocasiones la falta de respuesta a los problemas viene dada por la falta de capacidad de quien debería tenerla, es decir, falta de conocimientos para el puesto de trabajo o falta de experiencia de quien no lo ha puesto en práctica o con los resultados esperados.

Cuando esto ocurre hay quienes levantan sus voces justificando la situación de insuficiencia profesional y apelan a otros calificativos, este es el caso del famoso talante, expresión que tan eufóricamente exhibo el anterior presidente de gobierno en las elecciones de 2004 y que tantos dolores de cabeza nos ha dado a los españoles.

La situación actual de las Comunidades Autónomas será difícilmente superada si los responsables de los gobiernos siguen tolerando que intereses individualísimos, -ganándose, a colación de situaciones especialmente difíciles, afectos en las organizaciones políticas, sociedad y medios de comunicación,- se inmiscuyan en la Administración Pública y esgriman como suficiencia el talante y no el talento de quienes deben gestionar lo público. Así, de esta forma no saldremos nunca de la crisis.

La duración de la crisis económica está incrementando la preocupación ciudadana, pero en especial crece la confusión en torno a la utilización del concepto de déficit presupuestario, últimamente reforzada por el cruce de voces que apelan a medidas para el crecimiento económico, medidas que, por descontado, todos hemos asumido como implícitas, sin apelativos, en cualquier acción de gobierno y sobretodo desde el año 2008. Así pues la preocupación ya no se alimenta tan solo por la propia crisis sino por la confusión de las cosas que se dicen a resultas del debate por los remedios adoptados.

Las consecuencias del déficit presupuestario es de tal magnitud que nos obliga a reclamar la identificación de responsabilidades, el afloramiento de la corresponsabilidad de los inductores del exceso de gasto y la toma de medidas para corregir estas conductas no deseadas. No puede haber razón alguna ni argumento político que esté por encima de la Ley, no puede haber escusa o disculpa para quien desatienda el ordenamiento jurídico desde el lado de lo público, en consecuencia, la desviación presupuestaria, el incumplimiento de la Ley por parte de la Administración y el fraude de Ley en la utilización de fondos públicos debe ser perseguido por los tribunales identificando a inductores, cómplices y responsables e imponiéndoles, en su caso, las consecuencias tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico.

Las reformas propuestas por la Ministra de Sanidad, Ana Mato, y aprobadas por el Gobierno (20/04/2012) que actúan modificando el copago farmacéutico y evitando el turismo sanitario son necesarias, eran esperadas pero también son selectivas y, posiblemente, débiles. En un ejercicio de transparencia se debería reconocer su efecto tan solo coadyuvantes a las acciones de reducción del déficit que cada Comunidad Autónoma ha ido adoptando y a la necesaria revisión del modelo sanitario que sostiene al Sistema Nacional de Salud (en adelante SNS) no tanto en sus valiosos principios sino en sus tres funciones básicas: la función de aseguramiento (asegurador, reasegurador, cobertura y prestaciones), la función de compra (asignación presupuestaria) y la función de provisión (prestación de los servicios asistenciales).

Se han escrito muchas hojas, comentarios, documentos, artículos y libros en los cuales cada cual ha puesto de manifiesto el modelo sanitario que debería sustentar al SNS, es decir, por estudios no quedará. Hace falta que el político vea la realidad con claridad, se aparte de las soluciones mágicas y espejismos, pondere la importancia de las encuestas de opinión, evite los agentes del sistema en busca de privilegios, se rodee de equipos humanos formados y con experiencia y aplique soluciones técnicamente acertadas. La medicina en el siglo XIX era considerada casi como un arte, el arte de curar, se guiaba por el empirismo y la observación, es decir, por el ojo clínico. Después de más de cien años, hoy la medicina se basa en la evidencia clínica y en procedimientos técnicos. Al igual que ocurrió con la medicina la política ya no puede seguir siendo el arte de lo posible, sino que en la misma senda la política tiene que sustentarse en la evidencia técnica y en la sostenibilidad.

Son destacables tres hechos que han condicionado lo que hoy entendemos por el sistema nacional de salud y que en alguna forma son también responsables de la actual situacíon de crisis en el sector sanitario. A su vez y como contrapunto y dada la grave crisis económica que está pasando nuestra nación, el que suscribe expone los tres hitos o cambios que a su buen entender son necesarios para hacer el sistema sanitario español económicamente sostenible, manteniendo su esencia cohesionadora y su finalidad solidaria.

El lector interesado en el artículo deberá acudir a la descarga del fichero en pdf, por su extensión (8 páginas) o bien puede activar directamente el link de Redacción Médica y acceder directamente al artículo publicado.

Muchos sabemos que no hay una sola y única medida que solucione las innumerables cuestiones que dificultan la contención del gasto en los servicios públicos de salud, que se necesita la aplicación de muchas de ellas y de forma simultánea para que entre todas se logre un equilibrio entre lo que se quiere ofrecer, lo que se puede financiar y el esfuerzo que el ciudadano deba realizar para hacer un buen uso de los servicios públicos y el nivel de responsabilidad que debe asumir para la conservación de su buen estado de salud evitando hábitos de vida, de consumo o de alimentación que pongan en riesgo su salud.

Expresiones como “el copago no soluciona el problema”, no hacen nada más que evidenciar lo innegable y obvio, pero que a la vez legitima al que por cualquier motivo entiende que no debe afrontar el esfuerzo de asumir una situación evidente y justa a la vez, es decir, que entre todos ayudemos, más si cabe, a financiar la sanidad pública, sin que este esfuerzo recaiga solo en la clase media trabajadora mediante recortes salariales. Las expresiones de solidaridad no pueden ir en contra de la sostenibilidad de la propia sociedad solidaria, teniendo en cuenta que el espíritu solidario de una sociedad debe entenderse como un activo que el político debe administrar con cautela y austeridad y no tirar de él cada vez que tenga que tomar una decisión que le pueda hacer perder popularidad.

La solidaridad bien entendida debería encaminarse a la creación de un paquete de medidas que entre todas garantice de forma cierta la sostenibilidad del sistema nacional de salud, aún estamos a tiempo antes de que ya no haya solución.